¿Quién vendió el agua de los ríos de Chile?

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Escribe: Fabian Aranda – Periodista 

Una serie de “información” corre por redes sociales respecto la venta de las aguas a lo largo del territorio nacional, lo que lamentablemente más que dirigir una lucha certera de la ciudadanía, hace perder fuerza a decenas de movimientos a consecuencia de la desinformación.

CONTEXTO

En Santiago, el 13 de agosto de 1981 se decretó el D.F.L. N° 1.122, (decreto con fuerza de ley) donde en su Título II DEL DOMINIO Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS, específicamente en su ARTICULO 5°- indica que “las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código”, lo que significa que el poder político de aquel entonces, bajo el mandato de Augusto Pinochet, reguló e indicó, a través de la Constitución, la entrega de este recurso a privados por sobre todos los chilenos.

En Chile, el procurador de “vender” (Otorgar derechos de aprovechamientos del agua) es la DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, (DGA) la cual depende del ministerio de OBRAS PÚBLICAS, y que manifiesta como misión institucional ser el “organismo del Estado Chileno encargado de promover la gestión y administración del recurso hídrico en un marco de sustentabilidad, interés público y asignación eficiente”, lo que sin duda hoy por hoy no es así.

Bajo la premisa de administración del recurso, la DGA está acabando con el agua para consumo humano, favoreciendo la economía de empresarios agrícolas, canalistas, parceleros y forestales. Es más, muchas comunas que cuentan como principal atractivo sus ríos, están quedando en el olvido, relegando sus atractivos a solo el recuerdo de una hermosa época estival.

DATO

Desde junio de 2019, el Ministerio de Obras Públicas decretó zona de escasez hídrica a 88 comunas del país, y a pesar de la gran crisis que afecta al territorio, Chile sigue siendo el único en el mundo con el agua privatizada, y así seguirá al menos  que una reescritura de la constitución declare lo contrario.

Sin ir más allá, el 7 de enero recién pasado (2020) el senado rechazó consagrar el agua como bien de uso público, lo que significa que 12 senadores, (de 24), se encargaron nuevamente de legislar lo que para ellos era conveniente sin representar al pueblo chileno, pues decidieron que el agua siga en manos de los privados.

Según algunos grupos organizados, la entrega, o venta de derecho radica en las autoridades por donde pasan estos cauces, siendo, según ellos, responsables alcaldes y concejales de aquella administración hídrica. Es por esta “desinformación” que cientos de ciudadanos, a lo largo del país, mal gastan sus esfuerzos batallando en contra de personeros que nada tienen que ver, y lo que es peor, arrastran a cientos de ciudadanos a una lucha desinformada, librando a quienes realmente inciden en la entrega de este patrimonio a los privados.

Informarse antes de opinar. Esa es la consigna.

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